POSICIONES 5
Ocho mil millones de euros de ahorro: la compleja reforma de la administración local.
El 25 de abril de 2013, cuando se difundió la noticia de que España había superado la cifra de seis millones doscientos mil parados, se notó la conmoción en los medios de comunicación, y el Gobierno, evidentemente abrumado, no acertó a ofrecer a los ciudadanos ninguna explicación reconfortante. Al día siguiente, el Consejo de Ministros anunció nuevas subidas de impuestos y no comunicó medidas de reforma que pudieran ahorrar gastos de las Administraciones públicas. Sin embargo, a media tarde, urgidos por las preguntas de los periodistas, algunos miembros del ejecutivo y altos cargos de la Administración recordaron que estaba en fase avanzada de elaboración un proyecto de reforma de la Administración local que permitiría ahorrar ocho mil millones de euros.
Es una cifra fantástica, en sí misma y también si se compara con que en el plan de ajustes que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea se propone un ahorro de gasto de “solamente” tres mil millones para el próximo año. Sobrará mucho de aquellos ocho mil. Además el proyecto servirá para rebajar el peso de las críticas que viene recibiendo el Gobierno por no acometer reformas profundas, especialmente, para ahorrar en estructuras y servicios de las Administraciones públicas; asunto en el que parece reinar la desorientación y la carencia de ideas útiles. Quizá también la indolencia reformista se explique por la acendrada creencia en que la Administración es irreformable, o peor, que es inútil todo esfuerzo que se aplique a intentarlo, porque los males que padece son tradicionales, están enquistados, y forman parte de su naturaleza, de manera que cuando se atajan tardan poco en regenerarse con más fuerza.
Entre las reformas posibles, la de la Administración local es la que presenta menos dificultades políticas. El sistema autonómico necesita arreglos más urgentes y, sin embargo, nadie parece dispuesto a poner remedios a su decadencia. Asombrosamente, se está permitiendo el abandono del cauce constitucional y su sustitución por un modelo de Estado dominado por el oportunismo y la improvisación, sin reglas objetivas a las que atenerse con cierta seguridad.
